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Crónica de una muerte anunciada: expedición y derogatoria del arancel judicial.

La Ley 1653 del 15 de julio de 2013, por medio de la cual se regulaba el arancel judicial, surgió al mundo jurídico colombiano por un breve lapso, ya que llevaba en su seno la espina que causaría su autodestrucción: en los términos en que estaba redactada, se convertía en un obstáculo claro al Derecho Fundamental al Acceso a la Administración de Justicia contemplado en el Artículo 229 de nuestra Constitución Política de Colombia.

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Si bien la sola expedición de la norma ya era un hecho de suma gravedad para los colombianos en general y para el gremio de los abogados en particular, lo que realmente preocupaba, era que tanto colombianos como abogados parecían ignorar completamente las negativas consecuencias de su expedición.

Ante tan desolador panorama, por iniciativa del Colegio de Abogados de Risaralda, desde Pereira surgió un movimiento espontáneo de ciudadanos (en su mayoría abogados y estudiantes de derecho) que se encargaron primero de conocer, luego de discutir y difundir, los efectos jurídicos inconvenientes de la naciente Ley de la República. Este grupo de presión en contra del arancel judicial, tuvo un apoyo académico de suma importancia en los docentes universitarios, doctores Eudoro Echeverri Quintana y Fernando Alberto García Forero, quienes ilustraron con su conocimiento del tema al naciente grupo en los dos foros que se realizaron al respecto.

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Los mismos académicos, doctores Echeverry y García, presentaron por aquellos días demanda de inconstitucional en contra de la Ley 1653. La demanda fue socializada en el segundo Foro realizado en la Universidad Libre Seccional Pereira, y desde entonces, no quedó la menor duda sobre sus altas calidades; quedó en el concurrido auditorio la sensación de que los argumentos argüidos eran casi infalibles y de que su eventual desconocimiento solo podría provenir de una decisión política, no jurídica. La Corte Constitucional de Colombia corroboraría dicha percepción al tener la demanda elaborada por los catedráticos citados como principal dentro del estudio que terminaría en la declaración de derogatoria.

Mientras la Corte se pronunciaba de fondo sobre las demandas de inconstitucionalidad, el Colegio de Abogados de Risaralda con la ayuda gigante de los estudiantes de Derecho de la ciudad, no escatimó esfuerzos para mover a la opinión pública con el fin de que por lo menos se familiarizaran con la naturaleza de la norma, mediante campañas de impacto como la ubicación de “peajes” en los Palacios de Justicia de Pereira y Dosquebradas, entre otros sitios públicos.

PEREIRA

El punto de apoyo culminante a la demanda presentada por los doctores Echeverri y García, fue la llamada “firmatón” que se realizó en la Plaza de Bolívar de Pereira el día 1 de octubre de 2013, producto de la cual se recibieron más de 700 coadyuvancias ciudadanas a las demandas de inconstitucionalidad que se tramitaban en la Corte Constitucional, las cuales fueron presentadas directamente por el Presidente de este Colegio, doctor Gerardo Bernal Montenegro, en la ciudad de Bogotá.

 

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Finalmente, mediante Sentencia C-169 del 19 de marzo de 2014, (véala en http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/C-169-14.htm) la Corte Constitucional de Colombia declaró inexequible  la Ley 1653 de 2013 en su integridad, por ser violatoria entre otros, del derecho Fundamental a la igualdad ante la Ley. La esperanza para quienes conocían la importancia del tema, retornó; para los distraídos y desinteresados todo fue y siguió siendo igual. Lo cierto es que para todos los colombianos ocurrió un gran triunfo aquel día, lo supiéramos o no.

El Colegio de Abogados de Risaralda a través de su Junta Directiva, agradece a quienes directa o indirectamente influyeron en la consumación de esta honorable gesta.